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¿Qué se consideran gastos extraordinarios de los hijos menores?

¿Qué se consideran gastos extraordinarios de los hijos menores?

Los gastos extraordinarios son aquellos gastos no cubiertos por los alimentos o gastos ordinarios, que son necesarios para el alimentista y de imposible o difícil previsión en el momento en que se regula la pensión de alimentos. Dichos gastos deberán ser acordes y asumibles según la capacidad económica de los alimentantes.

Los gastos extraordinarios abarcan tanto los de los hijos menores de edad como los mayores de edad. No obstante, cuando hablamos de los gastos extraordinarios de los hijos mayores de edad estos deben interpretarse con carácter muy restrictivo.

A modo de ejemplo, dado que no existe una lista cerrada de gastos, son gastos extraordinarios de carácter médico los odontológicos, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación por prescripción médica, oculista, tratamientos homeopáticos, etc, es decir, en general cualquier gasto sanitario que no esté cubierto por la Seguridad Social o por la mutua privada que tengan contratada los padres, y que tampoco haya sido tenido en cuenta para el cálculo de la pensión de alimentos.

También son gastos extraordinarios de carácter educativo todos aquellos no incluidos dentro de la pensión de alimentos como pueden ser las clases de refuerzo, en caso de bajo rendimiento académico.

Asimismo son gastos extraordinarios de carácter extraescolar, las actividades extraescolares deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de postgrado, y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares.

Por lo tanto, los gastos extraordinarios de los hijos, siendo que tienen un carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores, serán abonados por ambos por mitad, siempre con el consentimiento expreso y por escrito de ambos progenitores (salvo supuestos excepcionales y urgentes en que ello no sea posible)- o en su defecto, mediante autorización judicial.